Seguramente has escuchado su nombre en los noticieros, o has leído titulares en otros blogs que la mencionan.  La Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, o Ley REP, es conocida como la ley del reciclaje.

“El que contamina paga” es el espíritu detrás de la ley, por eso, instala metas precisas respecto a la recolección y valorización de residuos, y pone la obligación de cumplir esas metas en las empresas productoras. Estas obligaciones serán exigidas de manera progresiva, ya que las metas de reciclaje irán aumentando con el pasar de los años. Inician en el 2021 y llegarán a su máximo el año 2030.

Infografía elaborada por La Tercera

La Ley REP propone seis clasificaciones de productos que son prioritarios en el proceso de revalorización: aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos, pilas y baterías. Hasta ahora solo se ha publicado el decreto que explica las obligaciones respecto a los neumáticos, y se está discutiendo en el congreso el anteproyecto para la regulación de envases y embalajes.

Para que estos objetivos sean alcanzables de manera realista, la ley especifica la participación de varios actores que deben formar parte del sistema de revalorización. Los residuos deben ser gestionados por empresas especializadas y que estén certificadas en ese rubro; los consumidores de los productos prioritarios tienen la obligación de separar residuos y entregarlos a los gestores correspondientes; los productores deben asegurar y financiar esta gestión y el Ministerio del Medio Ambiente será el ente fiscalizador de todo este sistema.

Infografía elaborada por la Cámara de Comercio de Santiago

A fin de cuentas, esta ley tiene un objetivo claro: promover la reducción de nuestros residuos y demostrar que las empresas también deben poner de su parte en este proceso.