Nuevo estudio revela trabas legales que dificultan el reciclaje y compostaje domiciliario en Chile

Impulsar mejoras para la implementación de proyectos de reciclaje y compostaje de residuos domiciliarios a nivel nacional es el principal propósito del informe La institucionalidad al debe: desafíos legales para fomentar el reciclaje y compostaje domiciliario en Chile, recién publicado por Kyklos, empresa B de cultura ambiental, y elaborado con el apoyo del estudio de abogados García / Derecho & Sustentabilidad.  

Este informe analiza las brechas legales en torno al reciclaje domiciliario en Chile y se enmarca dentro del Desafío Chile Sin Basura 2040, es decir, entre todos aquellos que creemos que es posible avanzar hacia un país que reduce, reutiliza y recicla el 100% de los residuos que genera.

Actualmente varias políticas y leyes apuntan hacia la disminución de la generación de desechos y a la recuperación de residuos orgánicos e inorgánicos, como por ejemplo, la Ley REP, la Política Nacional de Residuos Sólidos 2018-2030, la Hoja de Ruta Nacional a la Economía Circular, y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Sin embargo, la normativa nacional de base no ha sido actualizada acorde a las leyes, políticas y estrategias publicadas por los organismos gubernamentales respecto de estos mismos puntos, lo que en muchos casos resulta en permisos y regulaciones ambiguas y determinantes para una correcta gestión de residuos recuperables. 

Según datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile es el país de Sudamérica que genera mayor cantidad de basura por persona. Asimismo, es uno de los países que menos reutiliza residuos de entre todos los miembros de la OCDE. Se estima que cada año se generan cerca de 7.5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales solo se valoriza alrededor del 1.5%. Por otra parte, los municipios son las principales entidades encargadas de administrar la operación de residuos en sitios de disposición final, y la labor de recolección y disposición de basura domiciliaria corresponde al gasto más significativo para las comunas del país; se estima un gasto de US$ 500 millones anuales, el cual podría disminuir con planes efectivos que fomenten el reciclaje y compostaje. 

Un ejemplo de las barreras legales que obstaculizan la correcta gestión de residuos es la inexistencia de una regulación especial para los residuos orgánicos, los que representan alrededor del 58% del total de los residuos sólidos domiciliarios en Chile. 

Asimismo, están las regulaciones del transporte de residuos: en el Código Sanitario se indica que el traslado de residuos sólidos domiciliarios no requiere de autorización sanitaria, sin embargo, esto no se señala explícitamente lo que conduce —en la práctica—, a que las autoridades la exijan, asimilándolos a residuos industriales, lo que complejiza el sistema de reciclaje en general. 

Hoy por hoy no existe una definición clara ni diferenciadora para los tipos de residuos en los permisos ambientales y sanitarios. A lo largo del articulado del Código Sanitario las referencias de residuos están asociadas a aquellos de naturaleza industrial, minera o que puedan transmitir infecciones o enfermedades parasitarias, lo que genera trabas a la hora de gestionar residuos sólidos domiciliarios no peligrosos, los que representan un 35.3% del total de desechos que terminan en vertederos o rellenos sanitarios.

“Las regulaciones, tanto sanitarias como ambientales, que abarcan la gestión de residuos sólidos domiciliarios están completamente desactualizadas. Esto considera a todos los envases, cartones, plásticos y otros, como “residuos”, otorgándoles un sello de contaminantes. Sin embargo, para los que estamos en el rubro de la recuperación, estos no son residuos, sino que son “materiales usados” a los cuales se les puede dar otro uso. Son insumos nuevos para la economía circular. Si pretendemos avanzar hacia un país que aumente las tasas de recuperación, es urgente que la normativa se actualice y se eliminen las barreras, con el objetivo de agilizar la implementación de este tipo de proyectos”, dice Javier Peró, Gerente General de Kyklos. 

Las propuestas que se incluyen en el estudio buscan un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, especialmente de la sanitaria, para establecer que efectivamente no se necesitan permisos sanitarios para transportar residuos no peligrosos. Con estas también se espera unificar criterios de autorizaciones requeridas para la disposición de residuos y el funcionamiento de las instalaciones de almacenamiento de puntos verdes, puntos limpios, centros de acopio y para el desarrollo de proyectos de compostaje. Además, apuntan a impulsar y aprovechar los desafíos legales que propone la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos para la mejora de aspectos regulatorios, y aprovechar la discusión del Artículo 35 de la Ley REP para clarificar y facilitar el ámbito de autorizaciones sanitarias. 

“Este reglamento cumple una función esencial ya que señala las condiciones que deben cumplir las instalaciones para obtener permisos y para el transporte de residuos no peligrosos. En el fondo, este reglamento al fin pone énfasis en proyectos de recuperación, y no de gestión y disposición de residuos como basura. Por ende solamente se enfoca en los ámbitos relevantes que debe cumplir una zona de acopio de reciclaje o compostaje, y en cómo debe realizarse la gestión de este tipo de recuperables y no de basura“, explica Peró. 

El estudio también busca avanzar en mejoras en los sistemas de declaración de residuos SIDREP y SINADER con el fin de que estas herramientas permitan impulsar el cumplimiento de las metas propuestas por las estrategias e instrumentos nacionales. Actualmente los generadores de residuos -industriales y municipales-, los centros de acopio e intermediarios, y los destinatarios finales, deben declarar sus residuos con el fin de aportar a la identificación de comportamientos relacionados a la prevención en la generación de residuos y al fortalecimiento de su trazabilidad. Pero estas plataformas pueden presentar inconsistencias: por ejemplo, no solicitan facturas para certificar los despachos o transacciones; se prestan para confusiones según los tipos de roles y usuarios; no aclaran qué sucede cuando un generador no realiza su declaración; y hay una falta de validaciones necesarias y sistematizadas a partir de las mismas declaraciones.

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